Las investigaciones de los Comités de Disciplina del Fútbol portugués relativas a los casos de corrupción arbitral, podrían costar una importante sanción de puntos al Porto (se habla de 6) y el descenso de categoría para el Boavista.
Los hechos se remontan a los años 2003 y 2004. El Porto ve aligerada su posible condena por el hecho de que no sacó provecho de las coacciones realizadas a árbitros. No hubo incidencia de la actuación de los colegiados en el resultado de los partidos que habrían sido adulterados. Pinto da Costa, presidente del club albiazul, podría ser suspendido por dos años.
Mucho más grave es la situación del Boavista. Queda totalmente confirmada su influencia en el desarrollo de los partidos Boavista-Académica, Benfica-Boavista y Belenenses-Boavista de la temporada 2003/2004. La pena prevista es de descenso de categoría y su entonces presidente, Joao Loureiro, podría ser suspendido por hasta 8 años.
Los árbitros implicados se enfrentan a inhabilitaciones de 10 años.
Se entiende que los clubes tienen una responsabilidad objetiva cuando alguno de sus miembros, con respectiva licencia en vigor, comete los actos de corrupción. Ésta se entiende consumada cuando se verifica una oferta de préstamos, regalos o promesas de cualquier ventaja patrimonial y el desarrollo del partido refleja incidencias que alteran el resultado.